Los Decanos de las trece Facultades de la Universidad Nacional de Tucumán, reunidos en la Sala del Consejo Superior, el 22 de agosto de 2018, por unanimidad expresan:

Que ante la ausencia de respuesta por parte del Poder Ejecutivo Nacional a los reclamos de la comunidad universitaria argentina es necesario ratificar la exigencia de convocatoria a reuniones paritarias con los gremios docentes y pedir que estas se mantengan hasta arribar a un acuerdo en el que se reconozca el deterioro salarial sufrido y los mecanismos de reajuste a futuro acordes a la inflación.

Igualmente, se acordó encomendar al Sr. Rector que proponga al CIN realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional para que se atiendan los reclamos salariales, la regularización de fondos para gastos de funcionamiento y obras de infraestructura, así como la aprobación de un presupuesto 2019 necesario y suficiente para garantizar las actividades de docencia, investigación y extensión en todas las UUNN.

En claro apoyo a estos reclamos salariales y presupuestarios, el Consejo de Decanos propuso la realización de un día de “Jornada de Reflexión” dirigida a docentes, no docentes y estudiantes para debatir la situación universitaria en todas las unidades académicas y escuelas experimentales de la UNT.

Las Autoridades y el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT expresan su honda preocupación por la afligente situación que atraviesan las UUNN.

Sorprende que habiéndose iniciado el segundo semestre aún no se hayan cerrado las negociaciones paritarias docentes, ni atendidos los reclamos de reapertura de negociaciones de los compañeros no docentes, deteriorando todavía más el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de las universidades y generando un clima de incertidumbre y mayor conflictividad.

El recorte presupuestario de 3000 mil millones, la suspensión de obras en ejecución y el prolongado retraso en el envió de las partidas para gastos de funcionamiento en un marco general inflacionario, vuelven cada vez más sombrío el panorama de las Universidades públicas y afectan directamente el normal desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión.

Es necesario señalar además que de nuestras universidades nacionales dependen hospitales, centros de investigación y de promoción comunitaria, que requieren de los fondos públicos que fueron aprobados por el Congreso de la Nación y que en un claro incumplimiento de la Ley de Presupuesto, hoy se ven disminuidos.

Si a este escenario de penuria económica se agregan las desafortunadas declaraciones de altos funcionarios que en los últimos meses vienen desacreditando la educación pública, el presente y el futuro de las universidades nacionales es cada vez más preocupante.

Es nuestra responsabilidad como gobierno de una Unidad Académica exhortar al gobierno nacional a regularizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, y a realizar una propuesta de actualización salarial congruente con el índice inflacionario a fin de garantizar las actividades académicas del presente año lectivo.

En este contexto y en consonancia con el preámbulo de la CRES 2018 que concibe a “la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano universal y un deber de los Estados”, resulta imprescindible que el Estado argentino garantice las condiciones necesarias para el genuino ejercicio del derecho a la educación superior.

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