La sesión dio inicio con 89 asambleístas, para considerar el dictamen de la comisión nº 7 que entiende en los artículos relacionado con Docencia, investigación, posgrado y Extensión.

La comisión presentó una nueva redacción para dos artículos que, en la anterior sesión, la asamblea había solicitado que se modificaran.

En primer lugar se abordó el Art. 88, que plateaba una innovación respecto al actual Estatuto y preveía la posibilidad de otorgamiento, por vía de los consejos directivos, de la eximición parcial o total de actividades de docencia -por un período acotado, para la realización de actividades de formación docente. Luego del debate y con algunas modificaciones propuestas por el cuerpo, se sometió a votación  pero no obtuvo los 79 votos necesarios para ser incluido en el Estatuto.

A continuación se puso a consideración el Art. 99 de la Comisión, referido al propósito de la Extensión Universitaria. Tras una larga discusión los consejeros de Filosofía y Letras propusieron una redacción alternativa a la presentada por la comisión y, con diversos aportes, se consensuó y aprobó, con 90 votos, el siguiente texto:

“El propósito de la extensión universitaria es la construcción de espacios de diálogo por parte de la comunidad universitaria en su conjunto, entre los saberes sistematizados de la academia y los de diversos actores sociales, aportando un servicio a la comunidad de la cual se sustenta. Como función articulada con la docencia y la investigación pretende aportar a la inclusión, la calidad de vida, la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de lo público y la democracia.”

Informe del 12º Cuarto intermedio de la Sexta Asamblea Universitaria

La reunión inició con un quórum de 86 asambleístas. Antes de continuar con el tratamiento del Art. 87, la Consejera Griselda Barale (Filosofía y Letras), solicitó a la Asamblea que hiciera una declaración de repudio a la Represión que la Policía había ejercido el pasado lunes 24 de agosto en la Plaza Independencia, aclarando que el repudio era independiente del apoyo o no al reclamo de los manifestantes porque consideraba que, en un sistema democrático, se debía respetar las manifestaciones de cualquier ciudadano.
Frente a este pedido, la decana de la Facultad de Derecho, Adela Seguí, leyó un documento que había elaborado y refrendado el Consejo Superior en la Sesión del martes pasado, en el que se repudiaba la represión, se solicitaba respeto por las instituciones democráticas y se rechazaba la decisión del Canal 10 de no cubrir los sucesos acontecidos, remarcando que este medio debía ser pluralista. La Asamblea, por unanimidad, adhirió a ese comunicado.

Luego se retomó el tratamiento del Art. 87 (sobre el sistema de promoción). La presidente de la Comisión, Mercedes Leal, hizo una síntesis de lo discutido en la sesión anterior en relación al primer párrafo del artículo “El profesor podrá optar por su permanencia o solicitar concurso de ascenso.” Indicó que, ante las objeciones que surgían en relación con las particularidades de cada facultad (organización de las cátedras), se proponía agregar la frase “La facultad podrá otorgarla de acuerdo a sus necesidades académicas”.
La discusión quedó frenada cuando un consejero estudiantil (Psicología) hizo notar que la asamblea había comenzado pasadas las 9:00 hs y que por lo tanto se había excedido el tiempo de espera estipulado en el reglamento. Esto podría invalidar cualquier decisión que se tomara y por eso solicitaba el levantamiento de la Asamblea. Aunque se reconoció el problema técnico, la intención del cuerpo fue la de continuar el trabajo y se decidió, por 68 votos, convalidar la asamblea y seguir sesionando.

Ante la propuesta del primer párrafo del Art. 87 presentada por la comisión fueron planteadas otras dos alternativas: una en la que se incluía, además de las necesidades académicas, las organizacionales, haciendo referencia a las estructuras de cátedra y el problema que, para algunas facultades, representaría perder la piramidalidad.  La tercera moción agregaba las “posibilidades presupuestarias de cada Facultad”, para evitar posibles judicializaciones. Se mencionó también que el Convenio Colectivo de Trabajo no hacía referencia a un derecho de asenso ilimitado del docente. Frente a esto, el consejero Pagani afirmó que “solicitar” era un derecho y que no implicaba la obligatoriedad de otorgar lo solicitado.

Los argumentos con los que se defendió la propuesta de la comisión se focalizaron en:

• Que no se podía pensar en una “carrera docente” si no se regulaba la promoción. En este sentido, era necesario explicitar una práctica que ya existía, al menos en algunas unidades académicas, pero que era necesario darle un marco legal para evitar arbitrariedades y favoritismos.
• Que solicitar una promoción era un legítimo derecho del docente más allá de lo presupuestario.
• Que si el objetivo era la excelencia educativa y científica, no podía pensarse en la Universidad como una institución burocrática
• Que los ascensos generaban problemas presupuestarios mínimos porque no implicaban un incremento de puntos imposible de afrontar (como sí el aumento de dedicación).
• Que cada unidad académica debería prever y organizar sus presupuestos para satisfacer los pedidos de ascenso.
• Que el ascenso era un aliciente para la excelencia en un contexto de bajos salarios, inestabilidad, condiciones laborales no óptimas, etc.

Dada la existencia de tres mociones y con el afán de avanzar en la aprobación del artículo, Adela Seguí propuso unificar las dos primeras, cambiando el término optar por solicitar:
“Al vencimiento de su designación, el profesor podrá solicitar concurso de asenso. La facultad podrá otorgarlo de acuerdo a sus necesidades académicas y organizacionales.” La Comisión aceptó la propuesta y se avanzó en la votación. La moción 1 obtuvo 66 votos mientras que la 2 (que agregaba la restricción de lo presupuestario), 20. Hubo 8 abstenciones. Ninguna de las propuestas obtuvo la mayoría absoluta (79 votos) necesaria para ser incluida en el nuevo Estatuto.

Luego del receso no se logró el quórum necesario para continuar sesionando y el debate continuará en la próxima sesión, el miércoles 9 de septiembre, a las 15:00 hs., en el Centro Cultural Virla. 

Informe del 11º Cuarto intermedio de la Sexta Asamblea Universitaria

La reunión inició con un quórum de 93 asambleístas y con la solicitud del Vice rector de dar una prórroga de 45 días a las comisiones que todavía no entregaron dictamen.

Luego se retomó el tratamiento del Art. 86 (sobre la permanencia y evaluación de los docentes), dado que ninguna de las mociones propuestas en el plenario pasado había alcanzado los votos necesarios para ser aprobada. Frente a  esta situación, la Presidente de la Comisión de carrera docente, Mercedes Leal, planteó que se debía reconsiderar el artículo teniendo en cuenta que la Dirección de Asuntos Jurídicos había realizado un análisis del Convenio Colectivo de Trabajo (en adelante CCT), en relación con los artículos que se estaban discutiendo. En tal sentido, solicitó autorización para que su director, Dr. González Navarro, informara sobre el tema. El mismo sostuvo que que el CCT “se encuentra en plena vigencia” y que no requería ningún acto administrativo, de ninguna autoridad de la UNT para que se pusiera en vigencia. Aseguró que, teniendo en cuenta ese dato, en materia laboral, lo que cada Universidad pudiera decidir, debía partir del “piso” que planteaba el Convenio, que cualquier mejora podía ser viable pero no lo eran decisiones que implicaran retrocesos. Manifestó que aunque durante el período de discusión para la aprobación del CCT, cada Universidad había tenido la potestad de hacer objeciones y la UNT había planteado algunas, el Convenio había sido  homologado sin ningún tipo de reservas.
Luego de esta explicación, Mercedes Leal solicitó votar, primero por la reconsideración del artículo para así volver a discutir las propuestas con respecto al “tiempo de duración de las evaluaciones”. La reconsideración se aprobó por mayoría.
Así se comenzó a debatir la propuesta de la Comisión que planteaba que el profesor mantendría su carácter de docente regular mientras no obtuviera dos evaluaciones negativas en el mismo cargo y que en caso de que una evaluación resultara negativa, la siguiente se realizaría al cabo de dos años como máximo.
Nuevamente la discusión giró en torno a la calidad educativa y al posible perjuicio que percibirían los alumnos frente a un docente cuya idoneidad “estuviera cuestionada” (según la postura de algunos asambleistas) por una evaluación negativa. Los argumentos de quienes defendían la propuesta de la Comisión, y por ende lo postulado en el CCT, giró en torno a la posibilidad que se otorgaba, al docente, de redefinir y mejorar sus prácticas, lo que, necesariamente, redundaría en un beneficio para los alumnos. En tal sentido, uno de los integrantes de la Comisión, Diego Silvera, recalcó que la idoneidad de un docente ya había sido evaluada en el concurso. También sostuvo que el tribunal que realizara una evaluación negativa sería el encargado de explicar los motivos de la misma para, justamente, aportar a la mejora de la calidad educativa.

Con el objeto de avanzar,  la Prof. Leal volvió a hacer hincapié en que la Comisión había analizado en profundidad el CCT y lo había tomado en consideración a la hora de hacer su dictamen, previendo que éste podría ser homologado. Recalcó que este convenio era Ley y en tal sentido, muchas Universidades del país ya habían reformado sus estatutos y las que no, los irían modificando en el marco de esa ley. Propuso votar las mociones efectuadas en relación con la primera parte del artículo: permanencia en el cargo mientras no se obtengan dos evaluaciones negativas o mientras se obtuviera evaluaciones positivas consecutivas. A pesar de que algunos asambleístas hicieron notar que esta segunda opción se alejaba del CCT y que, por ende, no se debía considerar, se procedió a la votación por facultad. Ganó la primera moción, con 83 votos, quedando estipulado entonces que el profesor mantendrá su carácter docente regular mientras no obtenga dos evaluaciones negativas en el mismo cargo.
La otra cuestión que se discutió fue el lapso de tiempo entre las evaluaciones. En este sentido, el Vice decano de la Facultad de Bioquímica, Edgardo Cutin, propuso reducir la distancia entre evaluación negativa y nueva evaluación a un año. La Comisión hizo suya esta propuesta y retiró la opción de dos años. La moción resultante se aprobó por mayoría (88 votos), acto con el cual se dio por finalizado el tratamiento del Art. 86.

A continuación, la Prof. Leal solicitó la discusión de la última frase del Art. 85, que había quedado pendiente de aprobación: “El profesor podrá optar por su permanencia en el mismo cargo o solicitar concurso de ascenso”, para incluirla en el Art. 87 (sobre los ascensos). En consonancia con el CCT, la propuesta del Estatuto presentada por la Comisión proponía que el ascenso al cargo de Profesor de Trabajos Prácticos sea por concurso público cerrado de antecedentes y oposición. A su vez, como una innovación respecto del CCT, postulaba que si un Profesor Asociado había cumplimentado todos los pasos de la carrera docente con evaluaciones positivas, su ascenso al cargo de Prof. Titular, también fuera por concurso público cerrado.
La cuestión presupuestaria fue una de las preocupaciones que  manifestaron varios asambleístas dado que, si el ascenso era un derecho del docente, se temía a la judicialización de solicitudes de promoción que no pudieran ser satisfechas. Se argumentó que no se podían comprometer los créditos presupuestarios de ejercicios futuros y que en el CCT no estaba explicitada esta cuestión debido a que se la había retirado en pos de su homologación.

Por otro lado, también generó debate la ruptura de la actual estructura piramidal y jerárquica de las cátedras. Quienes presentaron estas objeciones apuntaron a la necesidad de que hubiese una cabeza responsable de la organización y regulación de las cátedras, de los tribunales de exámenes, etc.
Frente a estas preocupaciones, se propuso incluir la aclaración de que el profesor podría optar por el ascenso “de acuerdo a las necesidades académicas de la facultad”. Sin embargo, muchos consideraron que esto no sería una variable de freno suficiente y que el ascenso no debería ser ilimitado y estar fuera de las pautas de la organización administrativa de la Institución.
Quienes defendían la propuesta de la Comisión, argumentaron desde la convicción de que la carrera era “del docente”. La Asamblea no debía legislar desde la idea de que se administraban bienes escasos, que se debía discutir los derechos del docente y la excelencia académica y no cuestiones administrativas. Por otro lado, consejeros de Filosofía y Letras cuestionaron el temor a la pérdida de la estructura piramidal y propusieron pensar en la construcción de equipos, en la existencia de cátedras paralelas, etc. Se sostuvo que era algo negativo defender estructuras que habían funcionado en épocas pasadas y se deslegitimó la posibilidad de que hubiese un “cacique” que decidiera quién ascendería y quién quedaría relegado. Apoyando esta postura, la Consejera Ferreyra (Ciencias Exactas), manifestó que en su unidad académica existían cátedras con más de un titular. Recalcó también que los ascensos permitirían el ingreso a nuevos profesionales.

Frente al debate, la presidente de la Comisión aclaró que, más allá de las diferencias entre cada unidad académica, ya existía la promoción pero que era necesario prescribirla para evitar arbitrariedades. Aprobar la posibilidad de que el docente solicite su ascenso implicaba limitar el uso político y arbitrario del mismo. Reconoció que el artículo trataba un tema muy sensible y que en el devenir de la discusión la asamblea había quedado sin quórum razón por la cual solicitó un cuarto intermedio.

El tratamiento del Art. 87 quedará pendiente para la próxima sesión que se llevará a cabo el 26 de agosto, a las 8:00 hs., en el Centro Cultural Virla.