Pronunciamiento y pedido de nulidad el Decreto del Ejecutivo Provincial Nº 1390/1
Los discursos de odio, la violencia simbólica y explicita instalada desde el gobierno Nacional y sus máximos representantes, acompañado sin restricciones por la mayoría de los medio masivos de comunicación, han instalado, un peligroso fenómeno socio político que atraviesa a la mayoría de la sociedad agobiada por un clima de desprotección estatal, pobreza, desocupación y disolución de las normas propias de una sociedad democrática. Sin duda la violencia que ejercen los jóvenes en las calles es una lógica consecuencia de esta situación nacional inédita en la historia de nuestro país, por su enorme magnitud. Se ha naturalizado la violencia como una de las formas más frecuentes de resolver los conflictos.
Ante manifestaciones de esta franja etaria que constituye uno de los grupos más vulnerados y vulnerables del sistema, el Gobierno Provincial respondió con un Decreto absolutamente represivo, propio de los sistemas autoritarios ya que se trata de un instrumento fuera de toda legalidad con el solo fin de intimidar y crear un clima de miedo como única estrategia para controlar este fenómeno.
Lo verdaderamente grave. a más de su contenido, es que está firmado por la Ministra de Educación cuya función específica es resguardar el Sistema Educativo Provincial , propendiendo a su funcionamiento ajustado a normativas precisas y a la atención integral de los estudiantes de todos los niveles en el ámbito provincial. Tiene a su cargo los equipos interdisciplinarios y las herramientas que le permiten abordar la problemática de los jóvenes sin apelar a un instrumento que lesiona la convivencia democrática al interior de los establecimientos educativos y vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional. Nada más alejado de estas funciones el Decreto que suscribe.
En este marco tensionado, contradictorio y difícil en que el Ejecutivo Nacional ha colocado al sistema educativo en todos sus niveles y Jurisdicciones, este Instrumento viene a profundizar este clima de incertidumbre en que se encuentra la Educación Pública y los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Es por ello que nuestra Cátedra creada con el objetivo de aportar desde el ámbito de la Universidad al resguardo de los DDHH construidos colectivamente, no con poco dolor y esfuerzo, por nuestra sociedad a lo largo de la historia, sentimos la obligación moral de pronunciarnos y solicitar la urgente derogación del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 1390/1 por tratarse de un instrumento Inconstitucional que viola normas nacionales e internacionales que protegen los DDHH entre ellos, La Convención de los Derechos del Niño, Niña y a Adolescente, incorporada a nuestra Constitución Nacional.
Firman en nombre de la Catedra:
Prof. Marta Ofelia Valoy Mgter. Mirtha Livak
San Miguel de Tucumán, mayo 15 de 2024
