REPUDIAMOS LA BRUTAL REPRESIÓN A DOCENTES, TRABAJADORXS Y PUEBLOS ORIGINARIOS EN JUJUY. ¡POR EL PARO NACIONAL Y LA INTERVENCIÓN FEDERAL!

La pueblada en Jujuy contra la criminalización de la protesta social y la inconsulta reforma de La Constitución provincial nos convoca a apoyar a miles de docentes que reclaman un aumento salarial y a pueblos originarios que rechazan la legalización del despojo de sus tierras.

Decenas de detenidos –ya liberados– y heridos con balas de goma –incluyendo un niño que perdió un ojo– es el saldo provisorio de la brutal represión ordenada por el gobernador jujeño Gerardo Morales. La pueblada en Jujuy, que comenzó con las
movilizaciones de docentes que reclaman un salario por encima de la línea de la pobreza, se fue generalizando cuando se conoció que –entre gallos y medianoche– el gobernador Morales consiguió hacer aprobar la reforma de la Constitución provincial que incluye:

- Limitación y prohibición de la protesta social a partir del Decreto No 8464 ( Ley Contravencional) estableciendo un sistema de sanciones contra quienes protestan y se manifiestan, establece que quienes permanezcan en espacios públicos “alterando el
orden” y/o obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, deban pagar multas individuales de $ 8.798.700. Además, dispone la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta de dos (2) años si los infractores fueran funcionarios nacionales, provinciales o municipales. Si la infracción la comete cualquier empleado público, además de la multa, le impondrán la sanción de cesantía o despido.

- Legalización del saqueo de los recursos naturales –el litio es estratégico–, el despojo de las tierras de pueblos originarios modificando el artículo 36, "derecho a la propiedad privada", que beneficia a titulares registrales que disputan tierras con comunidades originarias, dado que incorpora "mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular". También alienta la sanción de una  ley que determine "las condiciones para el desalojo".

-Elimina las elecciones de medio término y establece que "el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura".

Gerardo Morales ensaya –en escala provincial, con proyección nacional de cara a las próximas elecciones de octubre– la embestida feroz contra DDHH básicos imponiendo lisa y llanamente terrorismo de Estado: libertad a peticionar y protestar, a reclamar salarios dignos, a defender los territorios ancestrales y los recursos naturales. La solidaridad activa con el pueblo jujeño no admite retaceos ni dilaciones.

Recordemos:

“Primero vinieron por los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada
porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada
porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada
porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí, pero para entonces
ya no quedaba nadie que dijera nada”.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: LA AUSENCIA DEL ESTADO MATA

En el Día Internacional para la Eliminación de toda forma de Violencia contra la Mujer, la Cátedra Libre de DDHH de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT) hace un enérgico reclamo para que en Tucumán –y en todo el país– el Estado cumpla efectivamente con su rol de prevención, asistencia y reparación para las mujeres en situación de violencia.

La violencia basada en razones de género es un flagelo que impacta a más de la mitad de la población, afecta de manera alarmante a niñas y adolescentes, al colectivo LGBTI+, a las pertenecientes a pueblos indígenas o minorías étnicas, mujeres y niñas con VIH-Sida, con discapacidad, muchas de las cuales ven potenciada su vulnerabilidad porque se encuentran en situación de pobreza, sumado a su lejanía de los centros de salud y otros contextos de contención.

A un mes de que finalice 2022, nos faltan Ana Picone y Verónica Rivero, víctimas de feminicidios directos, y Noelia Sosa, víctima de feminicidio indirecto. Jóvenes a quienes les truncaron proyectos de vida, sueños. No son meras estadísticas. Son mujeres que pidieron ayuda y no la recibieron. La vulneración de sus derechos más elementales les costó la vida.  A estos trágicos asesinatos deben sumarse 52 intentos de feminicidios entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022 (según datos del Registro Nacional de Femicidios, Trans - Travesticidios Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos").

Las Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) informaron que, en este período, en nuestro país hubo una muerte violenta cada 22 horas. Casi 6 de cada 10 de las víctimas tenían hijos e hijas; 228 niños y adolescentes se quedaron sin madre.

La violencia de género, en todos sus matices, evidencia la falta de una mirada articulada e integral que sea eficaz. Desnuda una peligrosísima realidad: hay mucho por hacer en la batalla cultural contra las conductas patriarcales. Por ello, es hora de que el Estado se tome en serio la aplicación efectiva de la Ley Micaela y que instrumente los mecanismos para tomar denuncias y acompañar los casos de violencia de género. Es la base para PREVENIR.

En cuanto a la ASISTENCIA, en un contexto socioeconómico que profundizó las desigualdades, en todo el territorio provincial funcionan solo cinco refugios, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en articulación con el Ministerio de
Desarrollo Social. Es imprescindible que el Estado provincial y nacional priorice recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres y del colectivo LGBTI+.

En lo referido a la REPARACIÓN, es necesario que tengan aplicación efectiva las políticas dirigidas a familiares y personas allegadas a las víctimas como el Programa para el Apoyo Urgente (PAU) o la Reparación económica para niños, niñas y adolescentes hijos e hijas de víctimas de violencia de género (RENNYA).

En el caso específico de la violencia económica o patrimonial, las instituciones que atienden el tema deberían incorporar en sus respectivos registros este nuevo tipo de violencia, lo que implica modificar fichas, formatos y bases de datos.

Es hora de decir ¡BASTA! a los parches y a las dilaciones. La ausencia del Estado mata.

#CatedraLibredeDerechosHumanos

#NiUnaMenosVivasNosQueremos 

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JUSTICIA PARA PAOLA TACACHO: EL ESTADO ES RESPONSABLE

La Cátedra Libre de DDHH de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT acompaña al colectivo feminista Ni una Menos en su lucha por obtención de justicia, por el femicidio de Paola Tacacho, acontecido en 2020.

Al respecto manifestamos lo siguiente: el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental y de primer orden; en Paola ha sido vulnerado por el propio Estado.

El poder judicial tucumano no tomó las medidas de protección y la puso en extrema condición de vulnerabilidad física y psicológica frente a su agresor y feminicida. Denunciamos la inacción de la justicia tucumana, uno de cuyos jueces–Francisco Pisa– absolvió al homicida.

Este juez fue destituido merced a la presión y lucha del movimiento de mujeres de Tucumán. Además del juez Pisa, intervinieron –archivando las denuncias de Paola– dos fiscalas y tres fiscales aduciendo falta de pruebas, a pesar de que Paola aportó pruebas contundentes en cada denuncia que hacía.

Hasta el momento, según denuncia la familia de Paola, este grupo de funcionarios judiciales no ha sido sancionado por su accionar siendo corresponsables del final trágico de la víctima.

Como Cátedra Libre de DDHH pedimos que se haga justicia ante todas las violaciones de DDHH de que fue objeto Paola Tacacho, egresada de nuestra Facultad.

Pronunciamiento de la Cátedra Libre de Derechos Humanos

REPUDIAMOS EL AGRAVIO DE MILEI A LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO DE LA DICTADURA Y A LA DEMOCRACIA ARGENTINA

Nuevamente nos enfrentamos a una embestida feroz de la derecha cada vez más radicalizada e impiadosa, como siempre negando el genocidio de la última dictadura y poniendo en cuestión el número de víctimas. Este discurso aterrador vuelve como una pesadilla en los dichos del candidato de la coalición derecha La Libertad Avanza, el diputado nacional, Javier Milei.

La negación del número de las víctimas de la dictadura cívico militar eclesial del 76 involucra la tenebrosa intención de legitimar su secuela de destrucción y muerte. En este sentido se inscriben estas declaraciones de Milei que vino a Tucumán para sellar una alianza electoral con el legislador de Fuerza Republicana Ricardo Argentino Bussi, hijo de uno de los represores más siniestros y despiadados que tuvimos en Tucumán y en el país: Antonio Domingo Bussi. Recordemos también que Bussi hijo comparte la ideología nefasta de su padre y ha reivindicado públicamente el accionar del genocida fallecido –condenado a reclusión perpetua por la justicia de la democracia.

Desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT:

1. Repudiamos enérgicamente las declaraciones de este personaje, potenciadas por la actitud prepotente de increpar a una periodista pidiéndole que le dé “la lista completa de los 30.000 detenidos-desaparecidos”.

2. Reafirmamos un Nunca Más rotundo a las dictaduras acordado por consenso social, a partir del año 83 y la voluntad de vivir en una sociedad de paz bajo las banderas permanentes de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

3. Y exigimos que cualquier discurso que niegue este acuerdo social e intente instalar la cultura del odio sea considerado un agravio, no solo a las víctimas del genocidio sino a la democracia misma.