Nuestro Papa Francisco afirmó que una sociedad siempre será recordada por la forma en que trató a los miembros más débiles.

La Catedra Libre de DDHH de la Fac. de Filosofìa y Letras comunica su inquietud ante el avasallamiento de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Por ello sentimos la obligación de denunciar que el actual gobierno está llevando a cabo un genocidio por goteo, encubierto y justificado por la palabra ajuste para cumplir con un déficit fiscal mentiroso y el pago de una deuda externa fraudulenta.
El gobierno del Pte Milei, asumió engañando a una población carente de educación histórica, que buscaba un cambio político con la ilusión que cumpliría sus promesas de salarios “en dólares” y castigo para las malas praxis políticas.

Hoy la población ve con estupor que la variable de ajuste son las personas más débiles y a costas de la salud y la vida de discapacitados, niñas, niños, adolescente y ancianos.

En el contexto democrático de los últimos años se han impulsado cambios normativos y culturales y se han implementado políticas públicas que otorgaron garantías de protección efectiva para los derechos humanos de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, este gobierno ha ignorado los marcos normativos que la Nación asumió cuando ratificó los Acuerdos Internacionales.

Ejemplo de ello son:

• La Convenciòn de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 26.378 y tiene jerarquía constitucional por ley 27.044.
La Ley de Emergencia en Discapacidad está incumplida, y el gobierno con el nuevo proyecto de ley quiere destruir el núcleo principal de la misma.
En un reiterado avance contra el sector, el ejecutivo ha presentado una nueva ley que pretende eliminar el nomenclador único, permitiendo con ello que el mismo ejecutivo de manera arbitraria autorice los, aumentos y el monto de las pensiones y prestaciones.
Es una profundización enfermiza del maltrato, argumentado por “el fraude de las pensiones por invalidez”.
No solo es inmoral sino también sería ilegal por la falta de cumplimiento con nuestra Carta Magna y los Acuerdos Comprometidos.

Por otro lado resulta ofensiva y gravosa esta ley por cuanto en el frente judicial, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se continúa investigando y está abierta la causa por corrupción y por defraudación al Estado de 75000 millones de pesos.
- La Convención de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; reglamentada por ley 23849 y con rango constitucional art 75 inc 22.
Según el Observatorio Social de la Deuda de la UCA, casi uno de cada cinco niños argentinos menores de 17 años dejó de ir al médico, al odontólogo o a ambos por falta de dinero, aun cuando existe un sistema de salud pública gratuito porque para llegar al médico hace falta plata. Respecto de la salud mental, el 18,1 % presentó síntomas de tristeza o ansiedad repercutiendo esto en el aprendizaje escolar.

También la UCA consignó que el 60 % de los niños son pobres en Argentina y el 30 % no come regularmente.
Argentina tiene uno de los sistemas de vacunación más completos del mundo, pero el mismo ha descendido el nivel de inmunización a pesar de que las vacunas siguen siendo gratuitas y obligatorias aun…. Pero ha vuelto a subir un indicador que habla de la inequidad y de las condiciones de vida de una parte de la sociedad aumentando la mortalidad infantil y así exponiendo el vínculo entre salud y desigualdad social.

- La Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ratificada por Ley 27360, y por diversas leyes provinciales y nacionales que aseguran la inclusión y el cuidado de los adultos.

El principal derecho de este colectivo es el derecho a la vida y a la dignidad, acompañado del derecho a la salud y el cuidado.

Esta sociedad abandono a “los viejos”; a los que fueron retirados de su vida laboral y que están viendo como sus aportes están siendo apropiados y dilapidados por una política económica errática y despiadada que encarece los servicios básicos; están castigados por la rapacidad de los laboratorios que restringen su acceso a la medicación, por la avaricia de un mercado que les impide tener una buena alimentación, por un gobierno que ha vaciado su obra social PAMI, y .… por si fuera poco son objeto de represión policial cuando protestan por sus derechos y son gaseados con un gas pimienta que es más caro que una jubilación mínima.

El toque final de tanta crueldad y dolor hacia la población más desprotegida lo da la eliminación del PLAN REMEDIAR del sistema de salud pública, que terminará afectando a estos grupos tan vulnerables.

Los Derechos Humanos son un pilar fundamental para evaluar el desarrollo de las sociedades y el Estado Argentino es el garante de todos estos derechos y el cumplimiento es de carácter obligatorio.

QUEDA LA VIA JUDICIAL ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS QUE GENERARÀN RESPUESTAS JURÌDICAS EFECTIVAS.